• Los liderazgos políticos concentraron el 59% de las agresiones en 2025, con aumento de la violencia letal, especialmente en territorios CITREP y zonas de frontera.
  • Persisten rezagos en la rendición de cuentas de las campañas, en contraste con una alta inversión en propaganda electoral digital.
  • Se reiteró la necesidad de reforzar las garantías para una participación política libre de violencias, en especial frente a la violencia contra las mujeres en política.

Bogotá D.C., 20 de enero de 2026. La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su informe preelectoral ante la Octava Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en el que advirtió sobre desafíos persistentes que podrían afectar la integridad, transparencia y garantías del proceso electoral de 2026. 

El informe da cuenta de riesgos asociados a la violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, el incremento de expresiones de violencia contra las mujeres en política, así como retos en materia de organización electoral, auditorías al proceso electoral, consultas interpartidistas presidenciales y financiación de campañas, con énfasis en la rendición de cuentas y el gasto en propaganda digital.

Violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales

La MOE registró 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país. Si bien esta cifra representa una disminución del 23% frente a 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos, que concentraron el 59% de las agresiones, con un incremento del 15 % respecto al periodo anterior.

Diego Rubiano, Coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, advirtió que “la violencia letal contra los liderazgos políticos presenta un comportamiento especialmente preocupante, al pasar de 50 casos en 2021 a 61 en 2025, lo que representa un incremento del 22 %”. Asimismo, alertó sobre una escalada en la gravedad de las agresiones, evidenciada en el aumento de los secuestros, que pasaron de un caso a 11 en el mismo periodo.

Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentraron la mayor cantidad de hechos violentos. En las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), más de la mitad de los casos 

correspondieron a violencia letal, lo que pone de manifiesto la alta vulnerabilidad de los liderazgos en territorios con limitada presencia institucional.

Ante este panorama, la MOE recomendó la convocatoria de una Comisión específica de Seguimiento Electoral para los territorios CITREP, orientada a identificar de manera temprana riesgos y afectaciones a las garantías electorales. De igual forma, subrayó la importancia de convocar comisiones focalizadas en territorios de frontera, con el fin de analizar los impactos de la situación de seguridad —incluyendo restricciones a la movilidad y dinámicas transfronterizas— y su posible incidencia sobre el desarrollo del proceso electoral.

Violencia contra las mujeres en política

La MOE llamó la atención sobre el incremento de expresiones de violencia simbólica contra las mujeres en política, especialmente en redes sociales, a través de ataques a su vida personal, su apariencia física y la deslegitimación de su participación política. 

En este contexto, recordó a las organizaciones políticas su obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres en política (VCMP), así como el deber de todos los actores políticos de abstenerse de incurrir en estas conductas. Para Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “el acompañamiento y la actuación decidida de las autoridades es fundamental para hacer frente a estas conductas, por el impacto que tienen en la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad”.

Auditorias al proceso electoral 

En el informe, la MOE destacó la contratación de dos auditorías externas sobre los componentes electorales, una por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y otra por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Al respecto, recomendó la realización de reuniones con las organizaciones políticas, así como con las misiones de observación electoral nacionales e internacionales y autoridades, con el fin de socializar los alcances, metodologías y resultados de las auditorías externas contratadas por estas entidades.

Asimismo, resaltó la importancia de que se garantice el acceso público a sus resultados, mediante la publicación de informes intermedios y finales en formatos accesibles, y que se habiliten espacios de diálogo que permitan su análisis y evaluación por parte de las personas interesadas.

Consultas interpartidistas presidenciales 

La MOE respaldó la adopción de una tarjeta electoral única para las consultas presidenciales. De acuerdo con Barrios, “esta permite guardar el secreto del voto, 

así como la impresión en tarjetas del 100% del censo electoral”. Teniendo en cuenta lo anterior, invitó “a las organizaciones políticas y a las candidaturas participantes a hacer la pedagogía correspondiente, con el fin de prevenir confusión y errores en la marcación”.

Financiación de campañas electorales

Con corte al 19 de enero de 2026, el reporte de ingresos y gastos en Cuentas Claras sigue siendo mínimo. Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, explicó que “esto dificulta el seguimiento oportuno a la financiación de las campañas, pues pese a la inscripción de 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado, solo cuatro campañas han reportado ingresos y un número igualmente reducido ha registrado gastos”.

En contraste, el monitoreo de la Biblioteca de Anuncios de Meta permitió identificar una inversión superior a 590 millones de pesos en publicidad política en Facebook e Instagram, pagada por 131 cuentas entre el 8 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026. Muñoz añadió que “estas cifras no incluyen la pauta en otras plataformas digitales, por lo que el volumen real de inversión podría ser significativamente mayor”.

Ante este escenario, la MOE recomendó al CNE asegurar la continuidad del monitoreo especializado de la propaganda electoral digital durante todo el periodo de campaña, como una medida clave para fortalecer la transparencia del proceso electoral.